De aprobarse la Ley, las escuelas tendrán 6 meses para adecuarse y el incumplimiento por parte de los alumnos implicará sanciones acordes a los reglamentos internos. El proyecto, titulado "Ley para regular y protocolizar el uso de dispositivos tecnológicos en el sistema educativo provincial", propone que se controle el uso de estos dispositivos en todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario y superior, tanto en instituciones públicas como privadas. Según el diputado provincial Francisco Romero Castelán, del bloque Juntos por el Cambio, esta medida tiene como fin asegurar un ambiente de aprendizaje adecuado y evitar distracciones innecesarias durante las horas de clase. El proyecto plantea un marco regulatorio sobre el uso de dispositivos tecnológicos en las aulas, permitiendo su utilización solo en casos excepcionales, como situaciones de emergencia, adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades especiales o actividades pedagógicas previamente autorizadas por los docentes. Romero Castelán argumentó que la proliferación del uso de celulares y otros dispositivos con acceso a redes sociales y contenidos de entretenimiento "desvía la atención de los estudiantes y afecta su rendimiento académico". En línea con el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo publicado por UNESCO, el legislador sostiene que la tecnología en las aulas solo debe ser utilizada cuando favorezca directamente el aprendizaje. RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS El proyecto también asigna responsabilidades a las instituciones educativas, quienes deberán informar a las familias sobre la nueva normativa y establecer mecanismos de control y sanción en casos de incumplimiento. Entre las sanciones, se incluye desde la firma en el libro de actas hasta la suspensión temporal del uso de dispositivos tecnológicos. El legislador aclaró que este proyecto no pretende eliminar la tecnología del entorno escolar, sino regular su uso y maximizar su utilidad pedagógica, destacando que "la tecnología debe ser un aliado del aprendizaje, no un obstáculo". PLAZOS Y SANCIONES Las instituciones tendrán un plazo de seis meses desde la promulgación de la ley para adecuarse a la normativa y ajustar sus reglamentos internos. El incumplimiento de las disposiciones por parte de los estudiantes podrá acarrear sanciones disciplinarias de acuerdo con el reglamento de cada establecimiento. Fuente Diario Chaco.